Docentes de Baleares denuncian que la expulsión de 30 alumnos de La Salle de Palma fue ilegal

Docentes de Baleares denuncian que la expulsión de 30 alumnos de La Salle de Palma por colocar una bandera de España en el aula y negarse a retirarla como exigía la profesora de catalán fue ilegal, ya que incumplió el decreto 121/2010 de derechos y deberes de los alumnos de Baleares, donde se especifica que la decisión la tendría que haber tomado el director, previa audiencia a los padres de los menores de esta clase de 1º de Bachillerato.

Así lo especifica el artículo 54, apartado c) que establece como únicos competentes para llevar a cabo esa expulsión del centro «el director, oído el profesor tutor y el jefe de estudios». Y ninguna de las cosas hizo el centro, según la circular remitida en la tarde del pasado viernes a los padres de los alumnos afectados, donde se afirma que la decisión la adoptó el jefe de estudios o director técnico.

Es decir, la dirección del colegio La Salle vulneró sistemáticamente todo el procedimiento reglamentario para una medida tan drástica como la expulsión por parte de los responsables de La Salle, porque no decidió la expulsión el director, único competente, sino el jefe de estudios, o director técnico; no se escuchó al tutor y a más a más, se negó el derecho de la educación a los alumnos, al no enviárseles tareas sustitutorias de las clases suspendidas a casa.

En un comunicado, el colectivo de docentes de Baleares, Plis Educación, denunció este jueves que con esta forma irregular de proceder es evidente «que se les expulsó violando su proceso formativo puesto que los profesores de catalán y filosofía no les enviaron trabajo extra para hacer en casa», por lo que «seguramente, tendrán que recuperar las dos clases que se perdieron el viernes pasado».

Para este colectivo de profesores contrario a la imposición absoluta del catalán en las aulas de Baleares, que defiende y ha llevado a los juzgados su reivindicación de que el 25% de las clases se impartan en castellano, «lo primero que hay que exigir a la dirección de un centro es ser competente y conocedora de las normas de convivencia».

«No sólo la normativa de convivencia del centro (ROFC) no está expuesta en la web de La Salle para consulta de los padres, tal vez porque no existe, sino que la dirección tampoco conoce el decreto que tipifica las conductas contrarias a la convivencia y las sanciones correspondientes, con el resultado de una grave infracción».

«Normas de convivencia que La Salle no respetó»

Ante esta situación, el colectivo docente critica que las primeras reacciones de los sindicatos nacionalistas como STEI y UOB, así como de partidos como los independentistas de Més, ratificada después por la misma presidenta del Ejecutivo autonómico, Francina Armengol, eran que «la cosa iba de normas de convivencia, no de banderas».

«En efecto, la cosa iba de normas de convivencia que los propios responsables de La Salle no respetaron al incumplir el reglamento que las fija en los centros sostenidos con fondos públicos. Cuando los responsables y los políticos invocan unas normas que ellos mismos han promulgado y que son los primeros en pisotear, estamos en el grado sumo de la corrupción por cuanto la norma sólo se utiliza para fines espurios como son sus propios intereses políticos», critica tajante la entidad docente.

Por último, Plis Educación sale al paso de la falta de transparencia de las formaciones del Ejecutivo balear, socialistas, independentistas de Més y Podemos que han rechazado que el conseller de Educación, Martí March, dé explicaciones de lo sucedido en La Salle.

«El parlamento», recuerdan «está para controlar al Ejecutivo, no para encubrir sus silencios y mentiras», remarcando que Martí March e Inspección Educativa, «están en una difícil tesitura porque saben que la investigación de los hechos puede dejar en entredicho las declaraciones sin fundamento todos los líderes políticos de la izquierda balear, incluida la misma Armengol que, sin conocer la norma ni los hechos intentó encubrir la intolerancia de una profesora y la ineptitud de la directiva de la Salle».